Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)

Comité de Ética INFOP

INFOP FORTALECE LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CON ELECCIÓN DE COMITÉ DE ÉTICA Y PROBIDAD

Tegucigalpa, Honduras. En el marco del compromiso institucional por implementar un sistema de transparencia estatal, el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) llevó a cabo la elección del Comité de Ética y Probidad, con el objetivo de establecer condiciones que garanticen el correcto actuar de los servidores públicos y del personal vinculado a actividades financieras.

La votación se realizó el 31 de julio, en las instalaciones del edificio administrativo del INFOP, donde el personal administrativo y técnico ejerció su voto secreto para elegir, entre diez candidatos, a los miembros que ahora conforman el comité institucional.

La jornada contó con la presencia y acompañamiento de la Secretaría General, representantes del Tribunal y del Director Ejecutivo, Lic. Carlos Suazo, quienes brindaron información sobre los objetivos y el proceso de elección. La participación activa del personal contribuyó significativamente al cumplimiento de los principios de transparencia y responsabilidad institucional.

Una vez finalizado el proceso electoral, se procedió a la juramentación de los miembros electos, quedando conformado el Comité de Ética y Probidad de la siguiente manera:

  • Presidente: Carlos Alberto Licona
  • Secretaria: Martha Graciela Mejía
  • Vocal 1: Lesdy Julieth Rodríguez
  • Vocal 2: Olga Marina Gálvez
  • Vocal 3: Ana Ártica

Los candidatos fueron previamente seleccionados conforme a los requisitos establecidos por la División de Recursos Humanos, destacando como criterio principal la integridad, reputación profesional, objetividad e independencia de los aspirantes, así como la ausencia de conflictos de interés que pudieran comprometer sus decisiones.

Este ejercicio democrático representa un paso firme hacia el fortalecimiento de los valores institucionales del INFOP y su compromiso con la transparencia, la ética y el cumplimiento de los estándares que demanda el buen funcionamiento de la administración pública.